Los interpretes judiciales en la Ley de Organización Judicial Dominicana

Ley de Organización Judicial de fecha 21 de noviembre de 1927.

“CAPÍTULO XV

DE LOS INTÉRPRETES JUDICIALES

Art. 99 (Modificado por la Ley 327-08 de fecha 11 de agosto de 1998).- Los intérpretes judiciales serán designados por la Suprema Corte de Justicia.

Art. 100.- Los intérpretes judiciales deben ser dominicanos, mayores de edad, poseer, por lo menos, los idiomas francés e inglés; y ser de buenas costumbres.

Art. 101.- Toda traducción escrita, hecha por un intérprete judicial, será firmada y certificada por él como fiel y conforme con el original.

Art. 102.- En los distritos judiciales en donde hubiere intérprete judicial, no se admitirá en juicio ni en ninguna oficina judicial ninguna traducción que no haya sido hecha por dicho intérprete, o certificada por él como fiel y conforme con el original a menos que la traducción haya sido hecha de algún idioma que el intérprete judicial no posea.

Art. 103.- Los intérpretes judiciales pueden exigir de las personas particulares que requieran sus servicios el pago de sus honorarios, al devolverle los documentos con su traducción.

Art. 104.- (Ref. por la Ley 980 de 1935). Los intérpretes judiciales llevarán un registro autorizado por el juez de primera instancia y foliado, en el cual anotarán sumariamente, por orden de fecha, las traducciones que hicieren, con especial indicación del lugar, la fecha, el número y el folio del registro, así como el valor y el número de los sellos de Rentas Internas aplicados.

Art. 105.- Los intérpretes prestarán juramento por ante el Juzgado de Primera Instancia.

Art. 106.- Además de las traducciones que deban hacer, los intérpretes están obligados a asistir a los Tribunales, Juzgados de Instrucción y oficinas del ministerio público, cuando fueren requeridos para hacer alguna traducción, en asunto del servicio judicial. Ley No. 821 de 1927, sobre Organización Judicial y sus modificaciones 85 Compendio de Derecho Judicial Dominicano

Art. 107.- A falta de intérprete judicial, pueden los Tribunales nombrar un intérprete ad-hoc, en caso necesario, a cualquier persona que posea el idioma del cual haya de hacerse la traducción, y el castellano, sin más condiciones que ser mayor de edad y prestar juramento por ante la autoridad judicial que lo nombre.

Párrafo.- La disposición del artículo anterior se aplicará también en el caso en que se trate de hacer alguna traducción de un idioma que no sea de los que posee el intérprete judicial.

Art. 108.- En el mismo caso podrán los Tribunales aceptar la traducción de documentos hecha por persona de reconocida honorabilidad, firmada y jurada o afirmada por ella como fiel y conforme con el original.”

Comments are closed.