Los interpretes judiciales y traductores legales en la República Dominicana

Los interpretes judiciales y traductores legales en la República Dominicana

Los intérpretes judiciales y traductores legales en la República Dominicana

El Intérprete judicial es una persona física que, luego de cumplir con los requisitos establecidos para ostentar dicha función, es facultada por la Suprema Corte de Justicia para interpretar las declaraciones, testimonios y diálogos en el curso de una audiencia o instrucción, de una lengua extranjera a la lengua castellana (idioma oficial de la República Dominicana).

Igualmente, el intérprete judicial está facultado para hacer la traducción oficial, es decir, certificada conforme al original, de documentos destinados a ser utilizados por autoridades administrativas o por particulares.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 102 de Ley de Organización Judicial de fecha 21 de noviembre de 1927, los intérpretes judiciales son los únicos autorizados para traducir documentos que deban ser presentados en justicia, tanto en materia civil como en materia penal, dando fe de que los mismos son fieles y conformes a su original.

Además, dicho texto legal establece que las traducciones realizadas por alguien que no es intérprete judicial, no serán admitidas en juicio ni en oficina judicial alguna. Tampoco serán admitidas las traducciones del intérprete judicial sobre un idioma para el cual no esta certificado.

La Resolución 23-2012, de fecha 29 de octubre del año 2012, que aprueba el Reglamento de Control Administrativo Interno del Poder Judicial, dispone que el Poder Judicial debe llevar un registro actualizado de los intérpretes judiciales y demás oficiales auxiliares de la justicia.

Actualmente, se puede consultar un registro específico en el portal del Consejo del Poder Judicial a fin de confirmar la calidad de la persona para actuar como intérprete judicial.

La falta de calidad para actuar como intérprete judicial podría ser perjudicial, en ocasión de un proceso judicial o administrativo, ocasionando retrasos, inadmisibilidad de pruebas y rechazo de la petición.

En algunos casos, las firmas de los intérpretes judiciales deben ser legalizadas por la Procuraduría General de la República en donde se encuentran registradas las firmas y sellos utilizados por dichos auxiliares de la justicia; como por ejemplo, cuando el documento traducido va a ser utilizado en el extranjero, o para cumplir con algún requerimiento de una autoridad pública o privada, como por ejemplo, la Dirección General de Migración o una Institución Financiera.

Los intérpretes judiciales son designados por la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con lo establecido por la Ley 327-98 de Carrera Judicial de fecha de fecha 11 de agosto de 1998, que modificó el Artículo 99 de la citada Ley de Organización Judicial, que otorgaba dicha facultad al Poder Ejecutivo.

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