El español idioma oficial de la República Dominicana

El español idioma oficial de la República Dominicana

El español o lengua castellana es el idioma oficial de la República Dominicana.

El 18 de julio del año 1912, la Ley 5136 declaró la lengua castellana como idioma oficial de la República Dominicana.

De conformidad con el Artículo 2 de la Ley 5136, todas las solicitudes, reclamos o exposiciones por ante cualesquiera de los Poderes del Estado Dominicano: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, deben ser realizadas en idioma castellano, oral o escrito, ya que de lo contrario podrían no ser tomadas en cuenta por las autoridades correspondientes.
Nuestra Suprema Corte de Justicia ha sido firme en que se aplique la Ley 5136 en cuanto a que el idioma oficial es la lengua castellana y que toda solicitud, exposición o reclamo por ante cualquiera de los Poderes del Estado, como lo es el Poder Judicial, ya sea verbal o escrita, debe ser realizada en idioma castellano, y que por lo tanto se harán traducir por los intérpretes correspondientes, aquellos documentos en un idioma extraño.

En la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia número 60, dictada por la Primera Sala Civil y Comercial, en fecha 23 de mayo del año 2012, Boletín Judicial 1218, con motivo de un Recurso de Casación interpuesto por la sociedad American Airlines, Inc., consideró “que al fallar como lo hizo mediante la sentencia hoy recurrida, la corte a-qua incurrió en una clara violación a la Ley 5136 del 18 de julio de 1912, al admitir como pruebas y elementos de convicción para emitir su decisión, documentos que se encontraban en idioma ingles (…) que en la especie, entre los documentos probatorios aportados por el demandante original ante la corte a-qua, ciertamente algunos figuraban en idioma inglés, sin ninguna traducción al español, como es el caso de varias facturas, sobre los objetos supuestamente extraviados, por lo que tales piezas debieron ser excluidas del proceso, junto a todas aquellas presentadas en las mismas circunstancias”

En la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia número 13, dictada por la Primera Sala Civil y Comercial, en fecha 7 de marzo de 2012, Boletín Judicial 1216, con motivo de un Recurso de Casación interpuesto por la sociedad Hotel Paradisus Punta Cana, en cuyo caso el fallo impugnado consignaba que “en lo que respecta a la indemnización acordada por el juez de primer grado, cuyo monto impugnan ambas partes, independientemente de que los jueces del fondo son soberanos para evaluar el monto de los daños y perjuicios, en la especie, esta alzada estima que la indemnización resulta algo elevada, toda vez que si bien es cierto que existe en la especie un daño moral y material sufrido por la demandante, por el padecimiento de tan seria lesión que requirió además de una cirugía, solo ha sido depositado en el expediente como prueba de los gastos incurridos una factura emitida por el Centro Médico Hospiten Bávaro, ascendente aproximadamente a la suma de US$28,000.00, sin embargo la recurrente incidental deposita una serie de documentos en justificación de los daños materiales, alegadamente por concepto de gastos médicos, en idioma inglés, sin la debida traducción legal al idioma español, por tanto las mismas no pueden ser valoradas por esta alzada”

La recurrida principal LMM, en su único medio de casación invocó fundamentalmente que “la Corte a-qua estableció claramente la responsabilidad de la hoy recurrente principal, Sol Meliá, Paradisus Punta Cana, que sin embargo, no apreció en toda su extensión la magnitud de los daños y perjuicios percibidos, probados por la recurrente incidental, incurriendo así en una desnaturalización de los hechos y por consiguiente en una mala apreciación para fijar el monto de la indemnización; que es un hecho no controvertido, ni fue puesto en discusión, ni tampoco objetadas, las facturas o balances aportados como prueba, por lo que las mismas debieron ser admitidas como tales, en el caso contrario la Corte debió, de oficio, solicitar su traducción, mediante la reapertura de los debates, sobre la base de que es cierto que la ley exige que los documentos sean traducidos al idioma español; que la Corte a-qua no ha precisado cual es la base de su apreciación para cumplir con su cometido en su fallo, cuyos motivos no fueron expuestos, por lo que no alcanzamos a entender qué forma o manera le sirvieron para fijar el monto de la indemnización”

La Suprema Corte de Justicia en su Sentencia consideró que “para los jueces del fondo decidir que el monto indemnizatorio impuesto en la primera instancia resultaba elevado determinaron que aunque existía un daño moral y material sufrido por la demandante original al recibir una lesión física de tal magnitud que requirió más de una cirugía en procura de recuperarse, no valorarían parte de la documentación justificativa de los daños materiales por haber sido aportada en el idioma inglés; esto en aplicación de la Ley número 5132 del 18 de julio de 1912, la que en su artículo 1º declara como idioma oficial la lengua castellana, y en ese mismo orden de ideas expresa en sus artículos 2º y 3º que toda solicitud, exposición o reclamo por ante cualquiera de los Poderes del Estado, como lo es el Poder Judicial, ya sea verbal o escrita, debe ser realizada en idioma castellano, y que por lo tanto se harán traducir por los intérpretes correspondientes, aquellos documentos escritos en idioma extraño, lo que no se hizo en la especie; que en ese orden de ideas, al haber apreciado la Corte a-qua que el daño moral y material ocasionado a LMM ameritaba una reparación pecuniaria de menor cuantía hizo una correcta aplicación del artículo 1149 y de la referida ley número 5136, y no incurrió en su fallo en los vicios de falta de base legal, desnaturalización de la prueba y mala apreciación al evaluar el daño, como se invoca en los medios analizados, por lo que los mismos carecen de fundamento y deben ser desestimados”

No Comments Yet.

Leave a comment